Piden a centros de atención al consumidor en Japón que no ofrezcan información a la ex Iglesia de la Unificación

Un grupo de abogados en Japón afirma que el grupo religioso anteriormente conocido como Iglesia de la Unificación está pidiendo a centros de atención al consumidor información sobre las consultas que reciben en relación con el grupo. Los abogados pidieron a los centros que rechacen tales solicitudes.

Se sospecha que el grupo, ahora llamado Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, estuvo involucrado en dudosas prácticas comerciales conocidas en Japón como “ventas espirituales”.

La Red Nacional de Abogados contra las Ventas Espirituales, que ofrece apoyo a los exseguidores del grupo, concedió una conferencia de prensa el martes.

El abogado Kawai Yazoo manifestó que gente relacionada con el grupo religioso estaba visitando centros de atención al consumidor e interrogando al personal sobre las consultas que ha recibido acerca de daños causados por la organización.

Dijo que centros en las prefecturas de Osaka y Hiroshima, la ciudad de Nagoya y otros lugares habían recibido tales solicitudes.

Kawai agregó que el grupo de abogados pidió al Centro Nacional de Asuntos del Consumidor, una organización que agrupa a los centros de atención, que rechazara tales preguntas.

Señaló que el grupo religioso probablemente intente reducir en lo posible tales consultas para, en cambio, llevar a cabo negociaciones en persona para poder minimizar las indemnizaciones que debe pagar.

El abogado pidió a exfieles y otras personas relacionadas con los daños causados que no hablen directamente con el grupo y que se dirijan, en cambio, al servicio de consulta exclusivo inaugurado el lunes por el Gobierno o recurran a otros medios.

El Centro Nacional de Asuntos del Consumidor afirma que no revela qué empresas o negocios lo han consultado, y tampoco el contenido de las consultas, aunque se le pregunte al respecto.

La Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo explicó que las visitas a los centros de atención al consumidor tenían el objetivo de cooperar completamente con la política del Gobierno, así como obtener una idea integral del daño causado para poder tomar medidas concretas.

El grupo agregó que no es cierto que esté intentando minimizar las indemnizaciones obteniendo información sobre las personas que consultan los centros.