Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, el grupo religioso ampliamente conocido como la Iglesia de la Unificación planea solicitar al Gobierno japonés que haga los preparativos necesarios para poder confiarle un fondo.
Fuentes familiarizadas con el grupo señalan que este espera que el dinero se utilice en caso de que sea necesario compensar a quienes afirman que ellos o sus familiares fueron víctimas de tácticas de recaudación de donaciones u otras prácticas de la entidad. Las fuentes agregan que el ente entregaría al Gobierno hasta 10 mil millones de yenes, o alrededor de 67 millones de dólares, para este propósito.
En el Parlamento japonés prosiguen los debates sobre la manera de preservar los activos del grupo a fin de compensar a las víctimas. A los legisladores les preocupa que los transfiera al extranjero o los traslade a otras entidades antes de que un tribunal ordene la revocación de su estatus de organización religiosa.
El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología solicitó esa orden el mes pasado. Su titular, Moriyama Masahito, afirmó que las prácticas del grupo habían causado graves daños y constituían una transgresión al derecho civil.
La orden privaría al grupo de su estatus de entidad exenta de impuestos, pero no le impediría realizar actividades religiosas.
El grupo declaró a nuestra emisora que no reconoce haber causado daños equivalentes a la magnitud de los fondos que planea entregar al Gobierno. Afirmó haber aceptado peticiones de exmiembros y otras personas para realizar consultas sobre el reembolso de las donaciones.
Asimismo, mencionó que planea entregar el fondo al Gobierno para permitir una gestión adecuada de las solicitudes de compensación en caso de que se emita la orden judicial, y añadió que dará a conocer su plan en un futuro cercano.